El 29 de septiembre, tras meses de protestas y amenazas de huelga, el gabinete minoritario holandés del primer ministro Rob Jetten (D66) anunció la retirada de los recortes pensados en la seguridad social que ascendían a más de 6 mil millones de euros. Las burocracias de las federaciones sindicales FNV, CNV y VCP celebraron una 'victoria rotunda' y suspendieron toda huelga que se hubiera planeado.
Esta 'victoria' exige un examen más detallado. Los recortes no fueron cancelados, sino transferidos, para regresar por la puerta trasera del 'polder' – la tradición holandesa para la colaboración de clases con acuerdos negociados entre gobierno, empleadores y sindicatos. Estas conversaciones a puerta cerrada surgen mientras un gran movimiento contra la austeridad, la represión y la guerra se extiende desde Francia por toda Europa, enfrentado en todas partes a través de medidas represivas propias de un estado policial.
Los Países Bajos no son la excepción a esta deriva derechista.
Un gabinete de guerra pintado como liberal
En noviembre de 2023, el PVV neofascista de Geert Wilders ganó las elecciones y se instaló el gobierno más derechista desde la Segunda Guerra Mundial bajo el exjefe de inteligencia Dick Schoof. En junio de 2025, el partido de Wilders abandonó el Gobierno por los plazos previstos para endurecer la represión contra los inmigrantes. Las elecciones anticipadas que se celebraron en octubre de 2025 a consecuencia de esto, llevaron a Jetten al poder.
Los liberales de D66 ganaron las elecciones con solo 26 de los 150 escaños. En febrero de 2026, Jetten formó una coalición minoritaria con el derechista VVD y el CDA demócrata cristiano, que ostenta 66 escaños en la cámara baja. Presentado por los medios neerlandeses e internacionales como liberal y moderado, este Gobierno da continuidad, con una implacable determinación, a la agenda del anterior Ejecutivo liderado por el PVV. La búsqueda de chivos expiatorios entre los refugiados y los aproximadamente 1,6 millones de trabajadores inmigrantes es el complemento indispensable de las políticas de austeridad, pues divide a la clase trabajadora mientras el capital exige su sometimiento.
El gabinete de Jettens ha hecho del rearme el principio organizador del Estado: el gasto militar está previsto que aumente del actual 2,2 por ciento del PIB al 3,5 por ciento para 2035, parte del compromiso del 5 por ciento que la OTAN adoptó en su cumbre de junio de 2025 en La Haya. Para financiarlo, el gabinete planeó 6.800 millones de euros al año en recortes estructurales en el seguro de desempleo (WW), el seguro por discapacidad (WIA) y la pensión estatal (AOW), junto con una 'Contribución a la Libertad' (Vrijheidsbijdrage) – un gravamen de guerra que se recaudará permitiendo que los tramos del impuesto sobre la renta aumenten más lentamente que la inflación.
La oleada de huelgas holandesa
La primera acción contra los recortes por parte de la FNV, la mayor confederación sindical, con 1,2 millones de miembros, fue una parada del transporte durante cuatro horas el 24 de junio. El propio sindicato lo calificó como un 'primer pinchazo', deliberadamente limitado aunque los afiliados del sindicato llevaban meses preparados para la huelga. El 4 de septiembre, los trabajadores portuarios de Róterdam, Ámsterdam y Zelanda dejaron de trabajar durante casi ocho horas, interrumpiendo las operaciones de los buques. Miles de empleados del gobierno central, municipales y universitarios se manifestaron en La Haya el 8 de septiembre. El 9 de septiembre casi toda la red nacional de ferrocarril, autobuses, tranvías y metro se cerró durante 24 horas, con el apoyo mayoritario de la población. Trabajadores de la construcción, metal y hospitales se unieron en la primera mitad del mes.
El calendario de huelgas se diseñó para evitar que estallara un polvorín social y político, dispersando la indignación en distintas fechas para que ningún día por sí solo pusiera en peligro la supervivencia del Gobierno. Sin embargo, la oposición desde la base superó lo que la burocracia podía desviar, y cada ronda de acciones —el ultimátum de mayo, la paralización del 24 de junio, las huelgas de septiembre— era respondida por el gobierno con una redistribución de los recortes.
En mayo, el gabinete abandonó su plan de 2.800 millones de euros para aumentar la edad de jubilación más rápidamente y archivó los recortes a las prestaciones por desempleo y discapacidad 'en su forma actual', manteniendo intacto su objetivo de ahorro presupuestario. El 31 de agosto los recortes regresaron en una nueva forma: se eliminó el plan para reducir el tope de las prestaciones, mientras que la reducción a la mitad de la prestación por desempleo de dos años a uno se retrasó un año. El 29 de septiembre, al no contar con los votos de la oposición para aprobar ningún presupuesto, el gabinete los retiró de nuevo. Tres veces los recortes cambiaron de forma; el ataque a la clase trabajadora nunca lo hizo.
Qué hay detrás de la 'victoria sindical'
Los términos de esa retirada eran explícitos. Los recortes en las prestaciones por desempleo (WW) y por discapacidad (WIA) simplemente quedaron aplazados, a la espera de las negociaciones con los sindicatos sobre la reforma del seguro de incapacidad laboral. Unas negociaciones que, como subrayaron Jetten y Heinen, deben seguir dando como resultado 'ahorros presupuestarios'. Si las negociaciones no dan los resultados esperados, el Gobierno presentará 'propuestas adicionales'. Por tanto, la retirada dejó un agujero presupuestario de entre 2.400 y 3.000 millones de euros. Según documentos filtrados a la cadena pública NOS, la alternativa prevista consistía en recortar 1.200 millones de euros en educación a partir de 2031, suprimiendo las actualizaciones destinadas a compensar la inflación, mientras que Defensa y Justicia quedaban exentas de estos 'ahorros'.
Así, los recortes en las ayudas sociales no han desaparecido; simplemente han cambiado de autores. Lo que un Gobierno en minoría no pudo imponer en el Parlamento se pretende ahora negociar a través del 'diálogo social', recurriendo al aparato sindical para que participe en la elaboración de la misma contrarrevolución social a la que afirma oponerse. Lo que un Gobierno en minoría no pudo imponer en el Parlamento se pretende ahora negociarlo a través del 'diálogo social', recurriendo al aparato sindical para que participe en la elaboración de la misma contrarrevolución social a la que afirma oponerse. La amenaza de trasladar los recortes a la educación está convirtiendo la guerra de clases que se libra en casa para financiar la guerra en el extranjero en una lucha desordenada entre sectores de la clase trabajadora —incluidos inmigrantes y refugiados— por lo que queda de un presupuesto devorado por el rearme.
Hans Spekman, presidente de la FNV, que presidió el Partido Laborista (PvdA) entre 2012 y 2017, calificó el resultado de 'una victoria rotunda para los sindicatos y para el modelo de concertación social neerlandés (pólder), a quienes ahora les toca mover ficha'. Hans Van den Heuvel, presidente de la CNV y hasta abril directivo de la organización empresarial LTO, fue más contundente: “La bomba en el pólder ha sido desactivada y la mecha extinguida.” Después de haber servido como válvula de seguridad de junio a septiembre, los sindicatos desactivan ahora el polvorín para la oligarquía financiera holandesa, con la monarquía a cuestas.
La prensa repitió la afirmación de victoria. La emisora pública NOS declaró que los recortes estaban 'definitivamente descartados', mientras que WNL publicó el titular: 'Klaver celebra la victoria.' Jesse Klaver lidera Progressief Nederland (PRO), que se formó recientemente mediante la fusión de los Socialdemócratas (PvdA) y los Verdes (GroenLinks). Su nombre ha eliminado las palabras 'trabajador' y 'izquierda'; su manifiesto promete un 'amplio partido popular' tanto para 'empleados como empleadores'. Ahora, el mayor partido de oposición en ambas cámaras, PRO es a la vez el socio parlamentario de los sindicatos y el apoyo del gabinete minoritario.
Las credenciales favorables a la guerra del partido se establecieron hace mucho tiempo. Antes de la cumbre de la OTAN, la alianza GroenLinks-PvdA proporcionó la mayoría parlamentaria para el objetivo presupuestario militar del 3,5 por ciento. Klaver calificó el aplazamiento de los recortes en septiembre como 'una gran victoria' y 'la primera hazaña de las que el PRO debe sentirse orgulloso' – el lenguaje de un partido que ensaya para el gobierno. Aseguró que el Gobierno le había garantizado que los recortes 'habían desaparecido definitivamente y no volverían a plantearse', tan solo un día después de que Jetten hubiera condicionado su retirada.
Los satélites pseudoizquierdistas de la burocracia cerraron filas. Los Internationale Socialisten (Socialistas Internacionales), filial neerlandesa de la Corriente Socialista Internacional, de orientación capitalista de Estado, celebraron el resultado como 'fruto de la resistencia sindical persistente', elogiaron a Spekman por haber explicado las movilizaciones 'de manera ejemplar' y aplaudieron que PRO marchara 'en unidad' con los sindicatos.
Jacobin Nederland, la edición neerlandesa de la revista estadounidense alineada con los Socialistas Democráticos de América (DSA), ya había instado con anterioridad al PRO a 'cumplir su palabra'. Estas organizaciones de clase media, que orbitan en torno al aparato sindical y a la izquierda parlamentaria, se sumaron al mismo coro que los medios de comunicación estatales.
A los pocos días del anuncio, Klaver y Spekman invitaron a tarta para celebrar el acuerdo en una cochera de autobuses de La Haya. 'Esta es vuestra victoria', les dijo Klaver a los conductores, y publicó las fotografías en internet. Los dos hombres celebraron juntos un acuerdo que traslada la decisión sobre los recortes del Parlamento a manos de la burocracia sindical. Ambos pertenecen al mismo estrato privilegiado de dirigentes, que alternan entre las sedes de los partidos, el Parlamento y los cargos sindicales, imponiendo a la clase trabajadora los dictados del Estado capitalista.
El 7 de octubre, una semana después de suspender las huelgas, Spekman regresó al Catshuis, la residencia del primer ministro, donde los sindicatos habían 'abandonado las negociaciones' en mayo. Después declaró que el sindicato no se sentía obligado a cumplir un objetivo de ahorro presupuestario, aunque no descartó que las 'mejoras' en las prestaciones por desempleo (WW) y por incapacidad laboral (WIA) pudieran generar un ahorro. El Gobierno quiere que se alcancen acuerdos antes de la primavera.
Huelgas en el transporte
El mismo patrón se repitió en las últimas huelgas del transporte regional. Los sindicatos FNV y CNV anunciaron huelgas semanales hasta Navidad en el marco de un conflicto por un único convenio colectivo, mientras que los trenes de ámbito nacional y el transporte urbano siguieron funcionando con normalidad. Tras un paro el 14 de octubre, presentaron una 'oferta salarial mejorada' como un logro y suspendieron las movilizaciones hasta el 7 de noviembre.
El guion tiene precedentes históricos. Su texto fundacional fue el Acuerdo de Wassenaar, firmado en noviembre de 1982, en el que el presidente de la FNV, Wim Kok (PvdA), aceptó moderar los salarios a cambio de una reducción prometida de la jornada laboral, bajo la amenaza de que el Gobierno impusiera por ley medidas salariales. La proporción de la renta nacional que corresponde al trabajo disminuyó y nunca ha vuelto a alcanzar el nivel anterior al Acuerdo de Wassenaar. La reducción de la jornada laboral se materializó en la conversión masiva de empleos a tiempo completo en empleos a tiempo parcial y en puestos de trabajo 'flexibles', un modelo que se promocionó en el extranjero como el 'modelo neerlandés'.
Entre 1994 y 2002, Kok fue primer ministro de los Países Bajos y aplicó durante ocho años políticas de privatización y reformas de mercado. Su Gobierno sirvió de modelo para el 'Nuevo Laborismo' de Tony Blair y el 'Nuevo Centro' de Gerhard Schröder. En 2004, el Gobierno conservador de Balkenende abolió la jubilación anticipada y reformó en profundidad el seguro de incapacidad laboral. Las federaciones sindicales firmaron un acuerdo que mantuvo las medidas en vigor, rebajando ligeramente la tensión social.
El Acuerdo Social, que el gobierno de Rutte (una coalición del VVD y el PvdA) acordó con empresarios y sindicatos en 2013, fue un ensayo general para hoy: 4 mil millones de euros en recortes sociales. Spekman era presidente del PvdA en ese momento; actualmente preside el FNV. Durante 44 años el mismo aparato ha liderado y cogestionado ronda tras ronda de austeridad en nombre de la 'concertación social'.
Los papeles están claros: la burocracia sindical fragmenta la indignación, PRO la transforma en capacidad de negociación parlamentaria y el Gobierno gana tiempo. Juntos, contienen a una clase trabajadora dispuesta a luchar y la mantienen atada al Estado capitalista, mientras el presupuesto militar —el verdadero objetivo de toda esta maniobra— sale adelante sin obstáculos.
Lo que queda: guerra, austeridad y represión
Ajeno a la “victoria” de los sindicatos, el gasto en defensa se dispara: aumentará hasta los 28.900 millones de euros en 2027, incluidos 3.000 millones destinados a la guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en Ucrania. El 11 de septiembre, el ministro de Adquisiciones de Armamento y Personal, Derk Boswijk, presentó un “modelo de servicio” según el cual las entrevistas, los procesos de selección y los reconocimientos médicos para jóvenes de entre 18 y 27 años podrían hacerse obligatorios de forma gradual, recurriendo al servicio militar obligatorio como “último recurso”. La coalición pretende ampliar las Fuerzas Armadas de unos 80.000 efectivos a 122.000. Los jóvenes de entre 18 y 27 años a los que se prepara para reclutar como carne de cañón pertenecen al mismo sector de la juventud, afectado por la precariedad laboral, cuyas prestaciones sociales el Gobierno pretende recortar.
El presupuesto asigna fondos adicionales a la policía antidisturbios. El 4 de septiembre el gobierno anunció planes para permitir que los alcaldes reubiquen por la fuerza a los manifestantes y ampliar la persecución penal bajo la Ley de Asambleas Públicas. La Vrijheidsbijdrage, el gravamen de guerra sobre los asalariados sigue en el Plan Fiscal con un estimado de 2.700 millones de euros al año.
También se mantienen otros recortes: la retirada prevista a partir de 2029 de la ayuda doméstica de los servicios municipales de asistencia y una administración pública “más pequeña y barata”. El gobierno ha anunciado una campaña integral de eficiencia, en virtud de la cual se recortarán 25.000 de los 160.000 empleos del sector público. Se espera que esto ahorre 900 millones de euros al año para 2027 y 3.500 millones de euros al año para 2035. Los empleos perdidos serán reemplazados por inteligencia artificial. La policía y las fuerzas armadas están exentas de las medidas de reducción de costes.
Mientras tanto, las corporaciones no financieras holandesas registraron 93.300 millones de euros en beneficio bruto antes de impuestos solo en el primer trimestre de 2026. La cuestión es si la riqueza que producen los trabajadores sirve a las necesidades sociales o a la oligarquía capitalista y su maquinaria de guerra.
Los acontecimientos en los Países Bajos en el contexto de un movimiento de masas europeo
Lo que está ocurriendo en los Países Bajos forma parte de un auge internacional de la lucha de clases. En Francia, los bloqueos de institutos que comenzaron en septiembre confluyeron el 17 de octubre con las protestas de los “chalecos amarillos” contra el precio de los combustibles y el coste de la vida: según el Ministerio del Interior, 550.000 personas salieron a las calles y unas 2.400 fueron detenidas. Posteriormente se impusieron toques de queda, mientras el primer ministro Sébastien Lecornu mantuvo abierta la posibilidad de declarar el estado de emergencia y siguió adelante con un presupuesto de austeridad de 54.000 millones de euros.
El 21 de octubre, profesores, trabajadores del sector público y alumnos griegos marcharon en más de 50 ciudades coreando: 'De Grecia a Francia, luchamos por la educación pública gratuita.' Los estudiantes belgas se han enfrentado a detenciones masivas por los costes de la educación; España se dirige a unas elecciones anticipadas el 29 de noviembre en medio de grandes protestas por la vivienda; y los estudiantes alemanes también están protagonizando huelgas contra el servicio militar obligatorio.
Detrás de todo esto se encuentra el plan 'Preparación 2030' de la Comisión Europea: hasta 800.000 millones de euros en gasto militar adicional en todo el bloque para finales de la década. En todas partes, la secuencia de eventos se repite: la austeridad en casa vendida como necesidad fiscal, el rearme vendido como necesidad estratégica y las burocracias sindicales disipando la indignación resultante en protestas aisladas a nivel nacional.
El 30 de octubre, los sindicatos de estibadores de Francia, Italia, Grecia, Turquía, Marruecos y el País Vasco, que representan a más de 40 puertos, han convocado un día internacional de acción contra la guerra y la militarización de los puertos. Ningún sindicato neerlandés figura entre ellos, pese a que Róterdam alberga el mayor puerto de Europa y la huelga del 4 de septiembre demostró de lo que son capaces los estibadores neerlandeses. Esa ausencia mide la brecha entre el carácter internacional de la lucha de clases y el marco nacionalista en el que la FNV y similares la confinan.
La respuesta no es un llamamiento a la FNV, CNV o PRO para que 'hagan más'. Lo que se necesita es construir comités de base en cada depósito, puerto, planta hospitalaria y oficina gubernamental, independientes de la burocracia sindical, que luchen por la retirada permanente e incondicional de los recortes y rechacen cualquier acuerdo de concertación (poldermodel) que enfrente a unos sectores de trabajadores con otros a cambio de concesiones.
Estos deben unirse con los estibadores en Génova, El Pireo y Marsella, con jóvenes franceses, belgas y griegos, y con los trabajadores alemanes que enfrentan los mismos presupuestos de guerra, para preparar una huelga general en toda Europa contra la austeridad y la guerra. Con este objetivo, el Comité Internacional de la Cuarta Internacional ha impulsado la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB; IWA-RFC, por sus siglas en inglés).
Las huelgas de septiembre demostraron el poder social de la clase trabajadora; las 'suspensiones' de las huelgas de octubre muestran cómo se está conteniendo ese poder. La cuestión decisiva es si los trabajadores siguen atados a una estrategia burocrática de retirada controlada o si se dotan de un programa socialista e internacionalista independiente: la lucha por el poder obrero y por los Estados Unidos Socialistas de Europa. La construcción de la sección neerlandesa del Comité Internacional de la Cuarta Internacional como dirección revolucionaria de la clase trabajadora es la tarea que estos acontecimientos plantean de forma directa e ineludible.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 27 de octubre de 2026)