El despliegue el 8 de octubre de fuerzas especiales de Carabineros en el Liceo Manuel Barros Borgoño, en el que un estudiante de 17 años y su padre fueron golpeados y detenidos, es la escalada más reciente y violenta en una ofensiva coordinada contra la juventud chilena. La violenta represión en vísperas del séptimo aniversario de las multitudinarias manifestaciones anticapitalistas de 2019 es la culminación de un proceso acumulado a lo largo de años.
Según el relato del padre, tres efectivos de las fuerzas especiales “empezaron de una a pegarle a mi hijo al tiro. Un menor de edad, 17 años”. Cuando el padre reaccionó, él y un vecino fueron golpeados con bastones retráctiles, rociados con gas pimienta en el rostro y la boca, y detenidos.
El estudiante describió haber sido asfixiado, lanzado contra una pared y golpeado en el rostro y las manos. “Les dije que era menor de edad y que no estaba haciendo nadar”, relató. “El carabinero que se baja del zorrillo fue el que me pesco por la espalda me hizo mataleón ahorcándome. En ese momento me tira contra la pared y me pega en la cara y en la mano dejándome heridas y al momento de ponerme las esposas me las pone tan fuerte que me quedan marcas y se me hinchen las manos”.
El operativo coronó una sostenida campaña de hostigamiento: la aplicación masiva del proceso disciplinario “Escuela Segura” sin evidencia concreta, la suspensión de dos docentes que intentaron proteger a sus estudiantes y “despidos preventivos” de adolescentes en mitad de la jornada. Un término anticipado del año escolar ha dejado a 77 alumnos de cuarto medio sin calificaciones, sin alimentación, sin preparación para la PAES ni ceremonia de titulación. La directora, Victoria Corvalán, convocó a los Carabineros y ha presidido lo que el centro de alumnos describe acertadamente como una “lógica de sanción e intimidación”.
La escalada que la precedió
El antecedente más notorio se produjo el 17 de agosto en el Liceo Rayen Mapu de Quellón, Chiloé, donde Carabineros obligó a dos estudiantes a desvestirse en una sala de clases. A uno se le exigió quitarse el buzo y los zapatos y levantarse la camiseta frente a sus compañeros. Al segundo se le ordenó que se quitara el pantalón, el buzo, la camiseta y los zapatos, y que realizara sentadillas en ropa interior, ante sus compañeros, el personal del establecimiento y los policías. El pretexto fue el supuesto robo de un teléfono. Estos métodos pertenecen a la antigua dictadura chilena. Los desnudamientos se produjeron cuatro días después de la promulgación de la Ley de “Aulas Seguras” del Gobierno de Kast. El incidente fue una prueba: la valiente protesta de estudiantes, apoderados y profesores fue respondida no con rendición de cuentas, sino con una agresión intensificada, mientras el gobierno de Kast y los medios corporativos guardaban silencio.
La lista crece. A fines de agosto, Carabineros ingresó a la Universidad de Concepción y arrestó violentamente a estudiantes que protestaban por la respuesta indiferente de la administración ante un intento de suicidio de un alumno. En septiembre, un estudiante del Instituto Bicentenario San Mateo de Pudahuel fue atropellado por un motociclista de Carabineros durante una protesta por la escasez de profesores; tres estudiantes fueron detenidos. El 8 de octubre, Carabineros ingresó al Liceo Javiera Carrera de Santiago y detuvo a siete estudiantes, luego de que la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) ya hubiera denunciado un ingreso anterior de fuerzas especiales al mismo establecimiento.
El patrón es idéntico: las administraciones de los colegios convocan a la policía, la intervención se presenta como respuesta a la “violencia”, y el resultado es la detención masiva de menores y la criminalización de la organización estudiantil.
La redada de la UMCE: el Estado policial fue construido bajo Boric
La pseudoizquierda presenta esta represión como obra exclusiva del gobierno de Kast. Se trata de una falsificación: Kast heredó las medidas del Estado policial de la pseudoizquierda.
El precedente decisivo se produjo el 24 de noviembre de 2023, cuando aproximadamente 200 fuerzas especiales de Carabineros allanaron la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) en Santiago, acordonando el campus y agrediendo violentamente a estudiantes, funcionarios y académicos. Empujaron y gasearon a dos académicas que intentaron proteger a sus estudiantes, golpearon a alumnos y lanzaron una bomba lacrimógena al interior de una sala de clases. La profesora Marcela Romero Jeldres fue detenida por preguntar a la policía por qué se encontraba en su campus, retenida ilegalmente durante 16 horas e interrogada como persona de “interés especial”.
Esto ocurrió bajo Gabriel Boric, el presidente que la pseudoizquierda presentó como la alternativa a la derecha. Fue Boric quien construyó la arquitectura que ahora se amplía: la Ley Naín-Retamal que otorga impunidad a la policía para matar, el estado de excepción permanente en el sur mapuche, el despliegue de tropas en la frontera norte y la violenta represión cada aniversario del estallido de 2019. La Ley de Aulas Seguras que Kast impulsó en el Congreso fue aprobada con el apoyo activo del Partido por la Democracia y las deserciones del Partido Socialista y del Frente Amplio, mientras la bancada del PS se abstuvo en masa en el Senado.
Lo mismo ocurre con la austeridad que alimenta la crisis en las escuelas. El presupuesto 2027 de Kast elimina el programa de computación para casi 100.000 estudiantes, recorta el financiamiento de los Liceos Bicentenario en un 46,7 por ciento y anuncia la eliminación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en continuidad con cuatro años de austeridad bajo Boric.
Una batería de leyes contra la juventud y los menores
Las intervenciones policiales hacen cumplir un marco legal construido a lo largo de décadas, bajo todos los gobiernos, en contra de la juventud y los menores. La ley de “Violencia Escolar”, promulgada en 2011 durante la primera presidencia del derechista millonario Sebastián Piñera, obligó a cada escuela a adoptar protocolos disciplinarios que, en cientos de establecimientos, incluyen explícitamente la convocatoria a Carabineros como herramienta habitual. La ley de “Aula Segura”, aprobada bajo Piñera en 2018, otorgó a los directores de establecimientos amplias facultades para expulsar a estudiantes acusados de violencia, con mínimas garantías de debido proceso. Ha sido aplicada masivamente contra estudiantes que participan en protestas y organizaciones estudiantiles, tal como ha vivido directamente la comunidad del Barros Borgoño.
La Ley de Aulas Seguras, promulgada en agosto de 2026, profundiza la militarización de los establecimientos educacionales, instalando agentes armados del Estado al interior de las salas de clases y otorgándoles facultades disciplinarias sobre los estudiantes. El proyecto original del gobierno autorizaba a Carabineros a requisar a los alumnos sin orden judicial. El Tribunal Constitucional rechazó esa disposición, y cuatro días después de la promulgación de la ley, los Carabineros en Quellón hicieron exactamente eso de todas formas.
A ello se suma la campaña para bajar la edad de responsabilidad penal y el despliegue del Ejército en comunas populares, ambos impulsados con el apoyo o la abstención de la “izquierda.” El ataque a la juventud es el programa de todo el establishment político, desde el Partido Comunista y el Frente Amplio hasta el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario.
Los sindicatos no defenderán a los estudiantes
El Partido de Trabajadores Revolucionario (PTR) morenista ha respondido a la represión en el Barros Borgoño llamando a “los grandes sindicatos, federaciones y organizaciones estudiantiles” a “comprometerse a defender a los jóvenes contra la represión policial a través de la lucha y la organización”. Esta estrategia entierra cualquier lucha contra el creciente autoritarismo del Estado.
Los sindicatos no defenderán a los estudiantes, porque son instrumentos del Estado y de las corporaciones, integrados al aparato que lleva adelante la represión. El Colegio de Profesores, encabezado por Mario Aguilar del Frente Amplio, respondió a los desnudamientos de Rayen Mapu declarando la situación “sumamente grave” y exigiendo a Kast que diera “una señal clarae,s decir, que un presidente pinochetista desapruebe su propia ley. No llamó a ninguna huelga ni lo hará ahora; su función es disolver la indignación en comunicados de prensa. Lo mismo ocurre con toda la burocracia sindical, que se sienta en mesas tripartitas con el gobierno, administrando la austeridad mientras simula oponérsele.
La carta abierta promovida por el PTR, firmada por políticos, funcionarios sindicales, académicos y figuras públicas, suplica a las autoridades que respeten los derechos que están violando sistemáticamente. Esto es la pseudoizquierda en su forma más pura: la sustitución de gestos simbólicos por la movilización del poder social, conteniendo la rabia de la comunidad en un documento que será archivado y olvidado mientras la represión continúa.
La lección de Francia
Los eventos en Chile son parte de un proceso internacional. En Francia, cientos de liceos han sido bloqueados o cerrados, y la policía ha respondido con violencia brutal y detenciones masivas, con más de 6.600 personas arrestadas, en su inmensa mayoría jóvenes y menores, en apenas dos semanas. Las protestas se multiplican en España por la vivienda, en Portugal entre los trabajadores del sector público, y en Alemania contra el servicio militar obligatorio. La misma crisis capitalista impulsa la austeridad en todas partes, y la misma respuesta de Estado policial está siendo preparada en todas partes.
La lección decisiva del movimiento francés es que las protestas estudiantiles no pueden derrotar al aparato estatal por sí solas. Su lucha plantea la necesidad de volverse hacia la clase trabajadora, mientras los trabajadores deben salir en defensa de la juventud contra la represión policial y vincular esta lucha con las crecientes batallas por los salarios, el empleo, la vivienda, los servicios sociales y la guerra. El Parti de l’égalité socialiste impulsa la formación de comités de acción independientes en liceos, universidades y lugares de trabajo, elegidos por quienes participan en la lucha e independientes de las burocracias sindicales y de los partidos del establishment capitalista.
Esta es la exigencia que debe plantearse en Chile: la movilización independiente de los trabajadores de las minas, los hospitales, los puertos, las fábricas y el transporte, la clase con el poder social para paralizar la economía y detener al Estado en seco.
La conciencia de la clase trabajadora
El ataque a la juventud no está separado del ataque a la clase trabajadora. El establishment político apunta a los más vulnerables—jóvenes, adultos mayores, pueblos indígenas, inmigrantes—para dividir a la clase trabajadora y ensayar sus métodos de represión en quienes menos pueden resistirlos, antes de volverlos contra la clase en su conjunto. La defensa de la juventud es, por tanto, la defensa del propio futuro de la clase trabajadora, y el modo en que la clase trabajadora llega a comprenderse a sí misma como el centro de la oposición a todo el orden capitalista.
La tarea es construir organizaciones independientes de lucha que unan a mineros, trabajadores de la salud, docentes, estudiantes y desempleados contra el gobierno de Kast y todo el establishment político que lo sirve. Existen los recursos para garantizar a cada chileno educación digna, atención médica y un sustento seguro; lo que falta es la independencia política de la clase trabajadora respecto de los partidos y sindicatos que sirven al dominio capitalista. La defensa de la juventud es el punto en que esa independencia debe forjarse.
(Artículo publicado originalmente en inglés 26 de octubre de 2026)