El gobierno del presidente José Antonio Kast ha pasado los últimos cuatro meses ensamblando lo que denomina la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT): un paquete de más de 30 proyectos de ley y una reforma constitucional que, en conjunto, constituye la expansión más drástica del aparato estatal represivo desde el fin de la dictadura de Pinochet. La agenda es el instrumento político a través del cual la clase dominante chilena se prepara para enfrentar la próxima erupción de la lucha de clases.

La agenda de seguridad es el producto de un consenso que abarca a todo el establishment político. La arquitectura represiva que hoy empuña la ultraderecha fue diseñada bajo Sebastián Piñera, convertida en ley bajo Gabriel Boric, y entregada a Kast como un instrumento plenamente operativo de coerción estatal. La “izquierda” que hoy se postula como “oposición,” el Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), no constituye un dique de contención frente a este avance autoritario. Son sus arquitectos, sus facilitadores y, cuando conviene a sus intereses electorales, sus críticos desde la derecha.

Presentada por Kast el 5 de agosto en torno a cuatro pilares: “persecución implacable,” “detención sin excusas,” “juzgamiento con todo el peso de la ley” y “condena sin contemplaciones,” el contenido concreto de la ACOT es una batería de medidas orientadas a criminalizar a la juventud, los inmigrantes y la protesta social, al tiempo que otorga a las fuerzas de represión una amplia inmunidad legal.

Las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF). Las RUF fueron tramitadas en forma acelerada tras la muerte de carabineros, entre ellos el sargento segundo Jaime Urrea Burgos, baleado en Quilleco el 4 de octubre, y el cabo segundo Christopher Aguilera, muerto en un control policial en Lo Espejo días antes. Kast exigió al Congreso que “apurara el tranco,” convirtiendo cínicamente las muertes de los uniformados en un mandato para ampliar la inmunidad legal de las fuerzas de represión.

Promulgada como Ley 21.849 el 16 de octubre, las RUF establecen un marco legal para el uso de la fuerza por parte de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y, en determinadas circunstancias, las Fuerzas Armadas. Reemplaza el principio de proporcionalidad por el estándar más débil de la “racionalidad” y autoriza el uso potencialmente letal de la fuerza en situaciones que no representan un peligro grave e inminente para la vida, incluyendo la ejecución de órdenes judiciales, el arresto de quienes resisten la detención y la prevención de la fuga. También autoriza el uso de armas letales para proteger la “infraestructura crítica,” disposición que en la práctica habilita a los militares a disparar contra manifestantes. Amnistía Internacional Chile advirtió que la regulación “no satisface adecuadamente los estándares internacionales de derechos humanos.”

La criminalización de la juventud. El asesinato de Alejandro Águila, de 12 años, en San Bernardo el 23 de junio, fue aprovechado por todo el establishment político para impulsar una agenda preexistente. El gobierno aceleró modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que permitirían juzgar como adultos a jóvenes de 16 y 17 años por 17 delitos graves y ordenarían su traslado a recintos penitenciarios para adultos al cumplir los 18. Sin embargo, la demanda más significativa que emergió de la tragedia, encabezada por figuras tanto de la coalición gobernante como de la denominada oposición, fue el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles de Santiago.

La ley de “Escuelas Seguras,” que autoriza el registro de las mochilas de los estudiantes, fue promulgada el 12 de agosto. La extensión del período de “flagrancia” de 12 a 24 horas, que permite a la policía detener a personas sin orden judicial por el doble de tiempo, fue aprobada por unanimidad. La ley antibarricadas 2.0, que elimina el requisito de probar violencia o intimidación para configurar el delito de obstrucción del tránsito, fue aprobada por la Cámara el 23 de septiembre.

La ofensiva antiinmigrante. La inmigración fue el tema central de la campaña de Kast, con refugiados haitianos y venezolanos señalados como la fuente del crimen organizado. Bajo el “Plan Escudo Fronterizo,” se están construyendo muros, cercas eléctricas y zanjas en las fronteras con Perú y Bolivia. Kast firmó proyectos de ley que extienden la detención administrativa de inmigrantes con órdenes de expulsión de cinco días a hasta 180, y que criminalizan el transporte de migrantes irregulares dentro de Chile. Ha avanzado legislación que obliga a centros de salud, escuelas y organismos de seguridad social a denunciar a inmigrantes indocumentados, privándolos en la práctica del acceso a la atención médica, la educación y la vivienda. El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, fue categórico: en Chile “Los inmigrantes tienen que saber que no los vamos a aceptar irregulares, no los vamos a dejar trabajar y los beneficios sociales se van a restringir.”

El estado de excepción constitucional. La pieza central de la ACOT fue una reforma constitucional, presentada el 17 de agosto, que creaba un nuevo “estado de excepción por seguridad pública.” Habría permitido al presidente declarar una zona bajo poderes de facto similares a los de guerra restringiendo la libertad de movimiento, de reunión y de asociación, autorizando la detención sin orden judicial e interceptando comunicaciones sin aprobación del Congreso por hasta 240 días. Calificado de “totalitario” incluso por senadores libertarios, el proyecto finalmente fracasó, obligando al gobierno a retirar su propio texto y aceptar un sustituto redactado en el Senado.

La Gendarmería y el sistema penitenciario. El gobierno avanza en la transformación de la Gendarmería, el servicio penitenciario, en una fuerza policial de carácter militar, transfiriéndola del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad a partir del 1 de enero. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, ha anunciado un aumento presupuestario del 19 por ciento para el servicio penitenciario y la creación de 20.000 nuevas plazas.

La continuidad: de Piñera a Boric y ahora a Kast

El hecho políticamente más significativo de esta agenda es que no es nueva. El Ministerio de Seguridad Pública, el vehículo a través del cual opera Arrau, fue creado por la Ley 21.730, que tuvo su origen en el segundo gobierno de Piñera en 2021 y fue promulgada por Boric el 27 de enero de 2025. Esta ley colocó a Carabineros y a la PDI bajo un nuevo ministerio centralizado, creó un centro de intercambio de inteligencia entre entidades públicas y privadas, y facultó al ministerio para interponer denuncias penales por actos que “perturbaran el orden público” o “generaran temor en la población:” una herramienta dirigida directamente contra la protesta social masiva.

El gobierno de Boric impulsó a toda velocidad 15 piezas de legislación en materia de seguridad, entre ellas la Ley Naín-Retamal, que otorgó a policías y militares una presunción legal de legítima defensa al usar fuerza letal. Bajo esta ley, el ex carabinero Claudio Crespo fue absuelto en enero de 2026 por haber dejado ciego al psicólogo Gustavo Gatica durante el levantamiento de 2019, una absolución que Kast celebró públicamente. Boric también decretó estados de emergencia y desplegó tropas, construyendo el andamiaje que Kast ahora extiende.

Las propias RUF constituyen un caso de manual. El proyecto fue presentado en abril de 2023 por Boric, mantenido con vida en sucesivos trámites de urgencia bajo líderes senatoriales de derecha, entre ellos José García Ruminot (RN)—hoy Ministro Secretario General de la Presidencia de Kast—e incorporado finalmente a la ACOT con carácter de urgente por Kast. Como lo expresó un columnista afín al gobierno, las RUF fueron “pasadas de mano en mano durante tres años y medio, y nadie las soltó.”

En materia de orden público y disciplina social, no existe ruptura entre los gobiernos saliente y entrante. Al asumir el cargo, Arrau se reunió con Luis Cordero, el ex ministro de Seguridad de Boric, y anunció que la Política Nacional de Seguridad Pública promulgada bajo Boric “es suficiente, es amplia, da espacio para ciertas políticas, ciertos planes, programas, en fin, que se puedan implementar en el futuro.” La ex ministra del Interior de Boric, Carolina Tohá, confirmó la continuidad desde el otro lado: la política “no es del Gobierno anterior, sino del Estado.”

El papel esencial del “socialismo democrático”

La aprobación de esta agenda ha dependido en todo momento de la colaboración de los partidos que se presentan a sí mismos como la “izquierda.” El episodio más revelador es el papel del senador Pedro Araya (PPD), quien presidió la Comisión de Constitución del Senado y se convirtió en el puente indispensable entre el gobierno y la oposición.

Cuando la reforma constitucional original del gobierno colapsó bajo el peso de su propio extremismo, Araya, junto a los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (REP), redactó el proyecto sustituto que el gobierno aceptó. Este mantuvo la criminalización constitucional del crimen organizado y la autorización de regímenes penitenciarios diferenciados, reemplazando el nuevo estado de excepción por una enmienda al estado de emergencia vigente que podría invocarse ante una “amenaza a la seguridad pública.” El gobierno retiró su propio proyecto a cambio.

El papel de Araya expresó la función del PPD y del PS dentro del bloque del “socialismo democrático:” proporcionar una cobertura negociadora “responsable” que legitima el marco de la agenda de la derecha. Cuando Araya fue removido de la Comisión de Constitución el 19 de octubre por el senador socialista Juan Luis Castro, en represalia por su acercamiento al gobierno, Araya denunció el “socialismo autoritario.” Pero la disputa nunca giró en torno al contenido de la agenda de seguridad, sino sobre quién gestionaría las negociaciones y se llevaría el crédito. La propia defensa de Araya—que buscaba “fortalecer al Estado para combatir el crimen organizado”—era indistinguible de la posición del gobierno.

El mismo patrón se repite en materia migratoria, donde el diputado Jaime Araya (PPD), hermano del senador, exigió al gobierno “dar explicaciones” por el fracaso del Plan Escudo Fronterizo, no porque se opusiera a la criminalización de los migrantes, sino porque las deportaciones no avanzaban con suficiente rapidez. También exigió la suspensión de medidas que facilitaban el ingreso de trabajadores temporeros extranjeros, un llamado nacionalista que enfrenta a los trabajadores chilenos con los trabajadores inmigrantes.

Las votaciones hablan por sí solas. Las RUF fueron aprobadas en la Cámara de Diputados con 111 votos a favor y en el Senado con 29. La extensión de la flagrancia se aprobó por unanimidad. Estas mayorías solo fueron posibles porque amplias fracciones del PS y el PPD votaron junto al gobierno. La bancada senatorial del PS votó en contra de las RUF, pero solo después de que sus diputados las habían respaldado en la Cámara, y después de que la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, calculó que un “no” simbólico no tendría costo alguno, dado que la aprobación ya estaba asegurada.

La división del trabajo de la pseudoizquierda

El PC y el FA pasaron cuatro años gobernando bajo Boric implementando la misma agenda de ley y orden que ahora fingen oponerse. El PC se postula como crítico “de principios.” La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, advirtió que la reforma convertiría al presidente en “una figura más cercana a un dictador”, y Daniel Jadue (PC) señaló que “fortalece la coacción del Estado sin tocar las causas estructurales de la inseguridad.” Pero estos son los argumentos de un partido profundamente integrado al Estado capitalista, un partido que, como fuerza dominante en el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, subordinó el ascenso revolucionario de la clase trabajadora a la preservación del Estado burgués, allanando el camino al sangriento golpe de Pinochet del 11 de septiembre de 1973.

El FA desempeña el papel de crítico “técnico,” presentando indicaciones y apelando al Tribunal Constitucional, otra institución del Estado burgués. La diputada del FA Tatiana Urrutia cuestionó la ausencia de medidas de control de armas y seguridad portuaria, como si el problema de la ACOT fuera su incompletitud y no su carácter como instrumento de represión de clase.

El PC y el FA proporcionan la retórica para contener la oposición dentro de canales institucionales seguros. El PS y el PPD brindan la negociación “responsable” que legitima el marco. Juntos, garantizan que la clase trabajadora no tenga expresión política independiente ni defensa alguna frente al avance autoritario.

La ACOT no es una respuesta al crimen. Es una declaración de guerra de clases. La burguesía chilena, habiendo sobrevivido al levantamiento de 2019, ha construido un aparato represivo diseñado para contener la próxima erupción de la lucha de clases. La ultraderecha administra lo que la pseudoizquierda construyó, y la pseudoizquierda exige que la ultraderecha lo administre con mayor competencia. Ambas están comprometidas con la defensa de las relaciones de propiedad capitalistas y la supresión de cualquier movimiento que las amenace.

La tarea que enfrenta la clase trabajadora en Chile es construir un movimiento político independiente, basado en un programa internacionalista revolucionario, que rompa completamente con los partidos del poder burgués y sus apéndices de pseudoizquierda. La seguridad de la clase trabajadora no provendrá de la maquinaria represiva que ambos bloques han construido conjuntamente, sino de la organización consciente de la clase trabajadora para el derrocamiento del capitalismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés 25/10/2026)