El 15 de junio, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa fue recibido en el Pentágono por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, quien le agradeció por ser miembro fundador de la coalición “Escudo de las Américas” de Donald Trump. “Usted ha sido un socio modelo para nosotros”, le dijo Hegseth.

En la semana previa a ese encuentro, fueron asesinadas dos mujeres que estaban detrás de investigaciones sobre las actividades criminales de ambos gobiernos y los Noboa.

El 8 de junio, Mónika Silva Koniuszek —quien había pasado meses investigando los vínculos entre el emporio bananero de la familia Noboa y el narcotráfico internacional de cocaína— fue hallada muerta en el suelo de su vivienda en Montañita, Santa Elena, con un lazo alrededor del cuello. Tenía 41 años y era madre de dos hijas, de cuatro y nueve años.

El 14 de junio, la fiscal Gloria Alexandra Bravo Cedeño, entre cuyos expedientes activos figuraban los ataques con drones contra embarcaciones pesqueras ecuatorianas, llevados a cabo bajo la Operación Lanza del Sur de Washington, fue acribillada a balazos en el centro de Manta.

Ninguno de los dos asesinatos ha producido una detención, y ambos exponen los cimientos criminales del régimen que Washington ha armado, entrenado y proclamado como modelo para el hemisferio.

El encubrimiento comenzó en menos de 24 horas

Antes de que se realizara una autopsia a Silva, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció en Radio América que la muerte de Silva estaba siendo tratada como un suicidio. “Se encontraron en la escena los indicios necesarios para llegar a esa conclusión”, declaró.

El examen forense divulgado el 18 de junio derribó esta afirmación, al establecer un golpe premortem en la parte posterior de la cabeza y lesiones compatibles con estrangulamiento, junto con manchas de sangre en una habitación distinta de aquella donde yacía el cuerpo. El 7 de julio, la fiscalía del distrito de Olsztyn, en Polonia, lugar de nacimiento de Silva, declaró a la AFP que la autopsia indicaba una muerte “muy probablemente resultado de un acto deliberado cometido por terceros”.

Silva había pasado una década denunciando contratos públicos amañados y negocios de tierras en Santa Elena. En sus últimos meses, se volcó hacia los vínculos entre el narcotráfico de cocaína y Noboa Trading, el conglomerado de la familia presidencial. “Mis últimas revelaciones tenían que ver con vínculos con el Grupo Noboa”, escribió, y añadió que, desde entonces, se había topado con ellos en repetidas ocasiones.

Una investigación publicada en marzo de 2025 por el medio colombiano Revista Raya documentó unos 700 kilogramos de cocaína incautados en la terminal Naportec de Guayaquil entre 2020 y 2022, ocultos en contenedores bananeros de Noboa Trading. Los informes policiales fueron enterrados debido a quién era el dueño de la empresa. El periodista que los publicó por primera vez, Andrés Durán, tuvo que dejar el país por amenazas de muerte.

En diciembre de 2025, el Proyecto de Denuncia del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés) reveló que presuntos narcotraficantes balcánicos se jactaban de tener derechos exclusivos para transportar cocaína en contenedores de Noboa Trading. Los periodistas cotejaron sus referencias —entre ellas, 430 kilogramos en el contenedor MEDU9747725, que salió de Ecuador el 25 de enero de 2021— con los registros reales de exportación.

Aproximadamente el 70 por ciento de la cocaína mundial transita por los puertos de Ecuador, y ninguna familia controla más del comercio bananero —desde la plantación hasta el puerto privado y la naviera— que los Noboa.

En abril, Silva entregó su expediente directamente a la Embajada de EE.UU. en Quito y a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). No ocurrió nada. Dos meses después estaba muerta, y la respuesta de Washington fue recibir a Noboa en el Pentágono.

La respuesta del Estado a estas investigaciones llegó el 27 de julio, cuando un juez condenó a la periodista Gabriela Panchana a 30 días de prisión por una publicación en X que exigía esclarecer el asesinato de Silva y afirmaba que esta había entregado documentación sobre Noboa Trading a la Embajada y a la DEA. Como señaló Panchana, el asesinato de Silva no ha producido ni una sola detención, mientras que su tuit fue juzgado en seis horas y 40 minutos.

La fiscal que investigaba los ataques contra embarcaciones

Seis días después de que se hallara muerta a Silva, Gloria Bravo recibió disparos mientras caminaba hacia su automóvil en Manta. Su hermana Olinda, que intentó protegerla, también murió. Bravo, de 46 años, había pasado 15 años en la fiscalía de Manabí.

Entre sus expedientes figuraban los ataques con drones estadounidenses contra las embarcaciones pesqueras La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, y la desaparición del Fiorella, con ocho tripulantes a bordo, frente a las Galápagos. A comienzos de mayo, declaró de forma anónima a Human Rights Watch que ni su despacho ni la policía judicial tenían la autoridad ni los medios logísticos para realizar investigaciones en el mar, y que las autoridades portuarias y navales nunca habían respondido a sus solicitudes de información. Durante meses había advertido que corría peligro y se desplazaba bajo escolta policial. “El peligro está siempre presente”, dijo.

El Estado obstruyó su investigación sobre los ataques llevados a cabo por el Comando Sur de EE.UU., y después ella fue asesinada.

El renacer de la Operación Cóndor

Estos asesinatos exponen el carácter gansteril del “Escudo de las Américas”, el bloque de gobiernos de extrema derecha que Trump reunió en Florida en marzo. El WSWS caracterizó aquella cumbre como una repetición de la Operación Cóndor, la red de terror estatal coordinada a través de las fronteras bajo la dirección de Washington a partir de 1975. El paralelismo es ahora concreto.

Silva era ciudadana polaca, asesinada en Ecuador. La fiscal ecuatoriana que investigaba las muertes causadas por EE.UU. fue asesinada cerca de su domicilio. Pescadores de múltiples nacionalidades han sido asesinados, mientras que los sobrevivientes de los ataques con drones han sido capturados por soldados estadounidenses, encapuchados, atados con precintos y entregados a la guardia costera salvadoreña, que los trasladó a El Salvador. La represión vuelve a subcontratarse a través de las fronteras, y las víctimas son trasladadas entre jurisdicciones hasta que la rendición de cuentas se vuelve imposible.

El fraude del “narcoterrorismo”

El asesinato de Silva expone el pretexto del “narcoterrorismo” detrás de todo el aparato. La cocaína sale de Ecuador en contenedores a bordo de buques mercantes propiedad de la misma familia oligárquica instalada en el poder con apoyo estadounidense, no en las embarcaciones pesqueras que el gobierno de EE.UU. se jacta abiertamente de bombardear hasta hundirlas.

El informe de Human Rights Watch del 21 de julio, A Dangerous Partnership (“Una asociación peligrosa”), documenta que, durante una “operación conjunta” entre EE.UU. y Ecuador en Sucumbíos, en marzo, los soldados torturaron a cuatro trabajadores lecheros colombianos —golpizas, ahogamientos y ejecuciones simuladas—, para luego liberarlos sin cargos y bombardear su finca. Hegseth volvió a publicar el video, jactándose de que ahora también se bombardeaba en tierra a los narcoterroristas.

El informe de HRW también halló que, de los 46 tripulantes a bordo de las tres embarcaciones pesqueras ecuatorianas que desaparecieron o fueron atacadas entre enero y marzo de 2026, solo cuatro tenían algún antecedente penal — “ninguno por delitos violentos o potencialmente violentos, ni por delitos relacionados con el narcotráfico”.

Desde septiembre de 2025, la Operación Lanza del Sur ha destruido al menos 67 embarcaciones y matado al menos a 221 personas.

El 27 de julio, el Washington Post reveló que la evaluación de la DEA concluyó que la campaña de bombardeos no ha tenido ningún efecto perceptible sobre la disponibilidad, el precio o la pureza de la cocaína en Estados Unidos; los traficantes simplemente se diversificaron hacia embarcaciones comerciales más grandes, rutas costeras y aeronaves.

La realidad detrás de la “guerra contra el narcoterrorismo” quedó aún más expuesta el 26 de julio, cuando el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández regresó a su país recibido por una multitud, tras ser indultado por Trump de una condena de 45 años en EE.UU. por importación de cocaína. Hernández se jactó, según los fiscales, de que se la “metería a los gringos por las narices”.

El verdadero blanco de la militarización y la represión es la oposición masiva a las políticas de Noboa. En noviembre, los ecuatorianos rechazaron las bases militares extranjeras por más del 60 por ciento; él anuló esa votación por decreto en junio, invocando su reunión en el Pentágono. Más del 70 por ciento desaprueba a su gobierno, con su programa de 5.000 millones de dólares con el FMI, un impuesto al valor agregado elevado al 15 por ciento, la eliminación de los subsidios a los combustibles y unas cárceles en las que murieron 1.220 personas el año pasado.

Los levantamientos de 2019, 2022 y 2025 demostraron el inmenso poder de la clase obrera ecuatoriana. Lo que la desarmó en cada ocasión fue la dirección de lo que pasa por “izquierda”, incluidos el partido Revolución Ciudadana de Rafael Correa, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) y los sindicatos dirigidos por los estalinistas, que canalizan cada estallido detrás de una facción de la burguesía y exigen “unidad nacional” con el mismo Estado represivo que asesina a activistas y fiscales.

La lucha por justicia para Silva, Bravo y otros investigadores y activistas asesinados en los últimos meses es inseparable de la lucha por la movilización política independiente e internacional de la clase obrera contra la guerra imperialista, el fascismo y el sistema capitalista que los produce.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de julio de 2026).