El 20 de julio, el Departamento de Estado de EE.UU. publicó un documento de 100 páginas titulado “Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI”. Su tesis es que el movimiento por los derechos civiles, la oposición a la guerra de Vietnam, la Nueva Izquierda, las revoluciones anticoloniales del siglo XX, las protestas masivas tras el asesinato policial de George Floyd y los movimientos actuales contra las redadas de ICE y el genocidio en Gaza fueron todos, en buena medida, obra del gobierno de una isla caribeña de menos de 10 millones de habitantes.

El informe es un instrumento para justificar la guerra total en el exterior y en el interior, incluido el bloqueo económico genocida contra Cuba, que un pequeño grupo de representantes demócratas calificó acertadamente de “Gaza silenciosa” tras un viaje a la isla este mes.

La narrativa histórica

El informe resulta absurdo a primera vista, invirtiendo la realidad de la relación entre EE.UU. y Cuba para promover su agenda. Cuba, una antigua semicolonia históricamente oprimida por Estados Unidos, es presentada como la agresora, a pesar de que EE.UU. tiene una economía 300 veces mayor y gasta aproximadamente 5.000 veces más en su ejército. El informe ignora los miles de ataques terroristas lanzados desde territorio estadounidense, cuyas víctimas suman alrededor de 3.500. Tampoco relata los innumerables intentos de asesinato de la CIA.

Y no menciona en absoluto el bloqueo económico estadounidense contra la isla, que ha provocado un aumento del 148 por ciento en la tasa de mortalidad infantil entre 2018 y 2025, cobrándose la vida de 1.800 bebés cubanos. Miles más han muerto porque el bloqueo priva a los cubanos de medicamentos esenciales y de una nutrición suficiente. La situación no ha hecho más que empeorar en 2026 con el bloqueo de todos los suministros energéticos impuesto por la administración Trump.

El informe acusa al movimiento liderado por Fidel Castro de haber sido “una revolución contra la civilización occidental misma”, pero no llega a describir cómo se manifestaba esa “civilización” en la Cuba anterior a 1959. No se menciona la sanguinaria dictadura de Fulgencio Batista, respaldada por Estados Unidos, que asesinó y torturó a decenas de miles de personas, ni los florecientes casinos y la prostitución manejados por la mafia, sin hablar de una economía controlada casi por completo por corporaciones extranjeras y la pobreza extrema que enfrentaba la fuerza de trabajo rural cubana, incluidos los muchos que se deslomaban en los cañaverales.

En su lugar, el informe presenta una historia resumida del siglo XX, en la cual Cuba se convierte en protagonista principal de su segunda mitad. Según este relato, el discurso secreto de Nikita Jruschov en 1956 y la represión del levantamiento obrero húngaro habían destrozado la autoridad de los partidos comunistas estalinistas, un proceso agravado además por la doctrina moscovita de “coexistencia pacífica” con Estados Unidos, lo cual implicaba una oposición activa a la revolución mundial. En ese vacío irrumpió la Revolución cubana de 1959.

El informe reconoce que Fidel Castro negó ser comunista hasta 1961, y que la propia CIA había llegado internamente a la misma conclusión, pero sostiene que su posterior alianza con Moscú produjo algo distinto de la ortodoxia estalinista: un marxismo que no esperaba a que se dieran las condiciones revolucionarias, sino que “hacía la Revolución”.

Lo que Cuba impulsó, sostiene el informe, fue una sustitución total de la lucha de clases tradicional. El conflicto “se había ampliado de una guerra de clases a un conflicto civilizatorio mucho mayor, que exigía no solo igualdad económica, sino una transformación social, cultural e incluso espiritual”. Su agente revolucionario “ya no era el proletariado industrial, sino las naciones y pueblos colonizados del Sur Global”, y su enemigo “ya no era 'el capital', sino la civilización occidental misma”. Citando a la revista Jacobin, el informe llama a esto “esencialmente una descolonización del pensamiento marxista”.

El giro decisivo, afirma el informe, se produjo cuando La Habana supuestamente decidió extender la lucha anticolonial “hacia las propias metrópolis imperiales, hacia los pueblos racialmente oprimidos que vivían dentro de las potencias occidentales”. Y aquí el documento es explícito: “El estadounidense negro de Detroit, según este relato, no era, ante todo, un 'trabajador'; era un sujeto colonizado, un hermano revolucionario del campesino vietnamita y del rebelde congoleño, miembro de una colonia diferenciada del Tercer Mundo incrustada en el corazón mismo del imperio”.

De esto, el informe extrae su afirmación central: “Fue La Habana, no Moscú, la que emergió como la capital de la nueva ideología de la revolución”. Mientras que la vieja izquierda se construía sobre “el partido, los sindicatos y las teorías marxistas de la lucha de clases económica”, la Nueva Izquierda “estaba animada por el Poder Negro, el feminismo radical, la liberación del Tercer Mundo y, sobre todo, el rechazo radical de la cultura, la historia y la identidad occidentales en todas sus formas”. Cuba, concluye, “ha desempeñado un papel decisivo en la conformación de la izquierda radical estadounidense desde la década de 1960 hasta hoy”.

Los capítulos restantes aportan los mecanismos mediante los cuales supuestamente se produjo esta “conformación”. Cuba exportó la guerra de guerrillas por toda América Latina a través de las conferencias Tricontinental y OLAS. Dirigió un imperio de espionaje que colocó agentes dentro del Departamento de Estado, el Pentágono y la Agencia de Inteligencia de Defensa. La Brigada Venceremos, fundada por los Estudiantes por una Sociedad Democrática (SDS, por sus siglas en inglés) y funcionarios cubanos, supuestamente dio forma a la organización Weather Underground, que Cuba presuntamente “facilitó activamente” durante un período en que el FBI atribuyó a ese grupo 2.500 atentados con bombas en 18 meses. La Habana cultivó el nacionalismo negro como un arma, desde Robert F. Williams hasta Assata Shakur. Y construyó una red de “grupos fachada” —supuestamente desde el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, hasta la National Network on Cuba, el National Lawyers Guild, el People's Forum, Code Pink e incluso los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés).

La conclusión traza la línea hasta el presente. El objetivo de Cuba, dice, sigue siendo “una revolución marxista hemisférica que borre a Estados Unidos de la faz de la tierra”, perseguida “no desde afuera, sino desde adentro: convertir a los propios estadounidenses en instrumentos de la destrucción de su nación”.

Y continúa: “Muchos de los trastornos más significativos de la historia política estadounidense reciente —desde los disturbios por George Floyd hasta el ascenso de Antifa y la explosión del activismo proterrorista en los campus universitarios estadounidenses— pueden vincularse, de alguna manera, forma o modo, a la influencia cubana”.

De alguna manera, forma o modo. Después de cien páginas, esa es toda la prueba causal.

Para qué sirve la narrativa

Este informe no apareció de manera aislada. Se publicó cuatro días después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, convocara en el Departamento de Estado una “Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político”, a la que asistieron delegaciones de 66 países. Allí, Rubio resumió el marco político detrás del informe sobre Cuba. Quienes se oponen al orden existente, declaró, “pueden llamarse a sí mismos anticapitalistas, o antiimperialistas, comunistas, o anarquistas, o marxistas… Pero el carácter fundamental es siempre el mismo”. Hizo un llamado a “que el pueblo del mundo civilizado se defienda a sí mismo”, y concluyó: “Es hora de aplastar a este mal para siempre”.

La maquinaria ya está en funcionamiento. En noviembre, el Departamento de Estado designó a cuatro organizaciones europeas —Antifa Ost, la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional, Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria— como Organizaciones Terroristas Extranjeras, ofreciendo recompensas de hasta 10 millones de dólares por información sobre su financiamiento. Rubio ha prometido más. La Orden Ejecutiva 14404 se ha aplicado al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y a organizaciones asociadas con este. El 21 de julio, un día después de la publicación del informe, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes emitió citaciones obligatorias al People's Forum, Tricontinental: Institute for Social Research, y BreakThrough News, por presuntos vínculos con China.

Pero el capítulo final del informe revela el verdadero alcance de lo que se está preparando. Titulado “Internacional Antiestadounidense”, presenta a Cuba no simplemente como la responsable de las protestas estadounidenses, sino como el nodo que conecta el malestar social con los adversarios geopolíticos de Estados Unidos. La Habana, acusa el informe, “continúa actuando como un multiplicador de fuerza para una coalición antiestadounidense mucho más amplia, posicionándose como una plataforma de lanzamiento para que una amplia variedad de adversarios extranjeros lleven a cabo operaciones contra Estados Unidos”, y funciona como “una especie de servicio de conserjería para actores antiestadounidenses, brindándoles acceso a influencia e inteligencia dentro del territorio de Estados Unidos”. China y Rusia, afirma, han triplicado su personal de inteligencia en la isla en tres años, y China opera instalaciones de inteligencia de señales. Irán es incluido citando décadas de cooperación de inteligencia y acuerdos navales.

Aquí es donde el informe cierra el círculo. Una manifestación contra ICE en Chicago se rastrea hasta una organización sin fines de lucro; la organización, hasta La Habana; La Habana, hasta Beijing, Moscú y Teherán. La oposición interna y la rivalidad geopolítica se fusionan en un único enemigo, de modo que la clase obrera en el interior del país aparece como el destacamento interno del adversario en el exterior. La oposición a la guerra se convierte, por definición, en un servicio al enemigo en esa misma guerra.

La falsedad del informe no disminuye su peligrosidad. Debe tratarse como una declaración oficial y seria de doctrina de Estado, no solo para Estados Unidos, sino para forjar una red de represión masiva a nivel internacional.

Los gobiernos capitalistas buscan con frecuencia redirigir los antagonismos de clase hacia afuera, contra un enemigo externo, y justificar la criminalización de la oposición antibélica, incluso mediante la fuerza bruta y el terror policial.

Una doctrina fascista

El informe no es un ejercicio ordinario de propaganda estatal. El lenguaje empleado por Rubio y por el informe es el de Joseph Goebbels, en particular el de su discurso en el Sportpalast de Berlín, en febrero de 1943. Hablando tras la destrucción del Sexto Ejército en Stalingrado, Goebbels exigió la “guerra total”: la movilización total de la sociedad alemana contra un enemigo que él definía como simultáneamente externo e interno. El propósito de aquel discurso no era explicar la crisis del imperialismo alemán, sino transferir la responsabilidad de esta a un enemigo fabricado, y habilitar una violencia ilimitada, dentro y fuera del país, contra ese enemigo. Esa es la conclusión práctica del informe del Departamento de Estado.

[Leyenda: Mitin en el Sportpalast, 18 de febrero de 1943; la pancarta dice “Guerra total, guerra más breve”. Foto: Bundesarchiv, Ernst Schwahn / CC BY-SA 3.0]

El carácter multinacional de esta operación es uno de sus rasgos más ominosos. Lo que Rubio reunió el 16 de julio fue un organismo coordinador incipiente, con 66 gobiernos que compartirán inteligencia y llevarán a cabo acciones coordinadas. El precedente es la Operación Cóndor, formalizada en Santiago en noviembre de 1975, bajo la cual las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, con la asistencia de la CIA, unificaron su inteligencia y sus escuadrones de la muerte más allá de las fronteras nacionales, bajo la premisa de que la oposición en cada país era la expresión local de una única red subversiva internacional. Decenas de miles de personas fueron asesinadas bajo esa premisa.

El colapso de la democracia estadounidense

Sería un error fatal presentar esto como el plan de una sola administración. El gobierno de Trump no es la causa de la crisis de la democracia estadounidense. Es su consecuencia.

Las formas de la democracia burguesa en Estados Unidos se han venido desintegrando desde hace más de tres décadas, bajo ambos partidos, porque ya no pueden contener los antagonismos sociales producidos por un nivel de concentración de la riqueza sin precedentes en la historia moderna. En el año 2000, la Corte Suprema detuvo el recuento de votos en Florida e instaló a un presidente. La “guerra contra el terrorismo” que siguió produjo la detención indefinida sin juicio, la prisión de Guantánamo, torturas por las cuales ningún funcionario fue jamás procesado, la vigilancia masiva sin orden judicial de toda la población, la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2012 y el asesinato de ciudadanos estadounidenses por orden ejecutiva bajo Obama. Cada una de estas medidas fue introducida por un partido y consolidada por el otro.

En ningún lugar es más clara esta continuidad que en el instrumento legal que hoy empuña Rubio. La Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva fue firmada por Bill Clinton en 1996. El PKK y los Tigres Tamiles (LTTE) fueron designados por la secretaria de Estado de Clinton, Madeleine Albright, en 1997. Cuando organizaciones de derechos humanos buscaron protección frente a un proceso penal por asesorar a esos grupos sobre la resolución pacífica de conflictos y sobre cómo presentar peticiones ante las Naciones Unidas, fue la administración Obama la que apeló, con la procuradora general Elena Kagan defendiendo la postura del gobierno. En el caso Holder contra Humanitarian Law Project (2010), el presidente de la Corte Suprema, Roberts, junto con Scalia, Thomas, Alito, Kennedy y Stevens, confirmó la criminalización del discurso mismo, alegando que la defensa pública de una organización designada como terrorista le otorga legitimidad. La pena es de hasta 15 años.

Como escribió en su momento el World Socialist Web Site:

El secretario de Estado de EE.UU. puede designar a cualquier “organización extranjera” como “terrorista” con base en “información clasificada” que establezca que esta “participa en actividad terrorista” que “amenaza la seguridad de los nacionales de Estados Unidos o la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Rubio no es simplemente el autor de la narrativa contenida en este informe. Es el funcionario facultado para convertir esa narrativa en responsabilidad penal, de manera unilateral, sobre la base de pruebas secretas, sin tribunal, sin jurado y sin ninguna divulgación al acusado. El informe de 100 páginas y la facultad de designación recaen en las mismas manos.

Tampoco se necesita legislación nueva. El aparato fue construido a lo largo de 30 años por ambos partidos capitalistas. Solo requiere la afirmación de un vínculo extranjero, que es precisamente lo que este informe proporciona. Una vez que se declara que una organización nacional es una extensión de La Habana, esta queda al alcance de un estatuto redactado para entidades extranjeras, y las protecciones que la Corte Suprema alguna vez extendió a los miembros del Partido Comunista, como señaló el juez Breyer en su disidencia, quedan completamente eludidas.

Incluso el modus operandi es compartido por ambos partidos. Kagan defendió la postura del gobierno mientras era nominada por Obama a la Corte Suprema, donde hoy tiene un puesto. Jay Clayton, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York que inició la investigación del gran jurado contra las organizaciones citadas el 21 de julio, ha sido nominado por Trump como director permanente de Inteligencia Nacional, colocando así al fiscal de las organizaciones de izquierda estadounidenses al mando de todo el aparato de inteligencia.

El World Socialist Web Site identificó el carácter de este gobierno el mismo día de la segunda investidura de Trump, en una perspectiva titulada “El ‘Führer’ Trump declara la guerra al mundo y a la clase obrera”, que señalaba su anuncio de que las bandas criminales de México, El Salvador y Venezuela serían designadas como organizaciones terroristas extranjeras, proporcionando “una justificación pseudolegal para los ataques estadounidenses contra esos países”. Dieciocho meses después, el mismo instrumento abarca las organizaciones de izquierda y antibélicas dentro de Estados Unidos.

Las falsificaciones históricas del informe

El fundamento probatorio del informe es el propio aparato institucional del mccarthismo: el Subcomité de Seguridad Interna del Senado, el Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes, el Subcomité de Seguridad y Terrorismo del Senado. Citar las actas de organismos que existieron para fabricar narrativas de subversión equivale a escribir la historia de los Juicios de Moscú a partir de los alegatos finales del fiscal estalinista.

El informe apila testimonios no corroborados de desertores y funcionarios anónimos: la acusación de que Castro se atribuía el poder de provocar disturbios raciales en ciudades estadounidenses se presenta como algo que “presuntamente alardeaba”, según “un testimonio posterior ante el Senado”.

Pero la refutación decisiva se encuentra en la cronología. El caso Brown contra el Consejo de Educación se resolvió en 1954. Emmett Till fue linchado en 1955. El boicot de autobuses de Montgomery comenzó en diciembre de 1955 y duró 381 días. Tropas federales escoltaron a nueve estudiantes hasta la Escuela Secundaria Central de Little Rock en 1957. La Conferencia de Bandung se celebró en 1955. India obtuvo su independencia en 1947, Indonesia en 1949, Ghana en 1957, Guinea en 1958. La guerra de independencia de Argelia comenzó en 1954.

Todo esto precedió a la entrada de Castro y sus guerrilleros en La Habana, el 1 de enero de 1959.

Estos movimientos surgieron de las condiciones del siglo XX: del Jim Crow y el terror de los linchamientos; de un ejército de reclutas enviado a destruir a una nación campesina, a un costo de 58.000 vidas estadounidenses y unos 3 millones de vietnamitas; de la mayor oleada de huelgas de la historia estadounidense, en 1945-46; de la desintegración de los imperios coloniales, en bancarrota tras dos guerras mundiales. Atribuirlos a la dirección cubana es revivir, como doctrina oficial de Estado, la teoría segregacionista sureña del “agitador externo” como fuente de todo malestar.

Lo que realmente fue la Revolución cubana

Es necesario establecer lo que realmente ocurrió en Cuba, en contraposición a las narrativas planteadas tanto por Washington como por La Habana.

El informe y el régimen cubano comparten una leyenda fundacional idéntica: que una pequeña fuerza guerrillera en la Sierra Maestra derrocó el Estado. El informe presenta esto como un modelo replicable, exportado por todo un hemisferio bajo la dirección de caudillo Fidel Castro.

Ambas versiones son falsas. De los aproximadamente 20.000 cubanos muertos bajo el dictador Fulgencio Batista, respaldado por EE.UU., unos 19.000 murieron en las ciudades. El principal impulso para el colapso de la dictadura provino de las huelgas políticas urbanas y la resistencia de masas, en su mayoría fuera del control del Movimiento 26 de Julio de Castro. Las fuerzas guerrilleras sumaban, como máximo, unos pocos miles; el mayor combate de la guerra involucró a no más de 200 combatientes. Un sector considerable de la burguesía cubana apoyó a Castro, y Washington ya había impuesto un embargo de armas a Batista antes del final.

Castro no era marxista y no afirmaba serlo. En abril de 1959 declaró en Estados Unidos: “He afirmado de manera clara y definida que no somos comunistas”. Solo a finales de 1961, después de que las nacionalizaciones emprendidas en respuesta al estrangulamiento económico estadounidense hubieran hecho irreversible la ruptura con Washington, anunció su adhesión al marxismo-leninismo y se volcó hacia Moscú y los estalinistas cubanos en busca de ayuda y de los medios para crear un aparato estatal del que carecía.

La revolución fue de carácter burgués, dirigida por un movimiento nacionalista pequeñoburgués, y produjo un régimen bonapartista organizado según líneas militares. Esta fue la valoración del Comité Internacional de la Cuarta Internacional desde el primer momento. En 1961, mientras los revisionistas pablistas exaltaban a Castro como modelo de un “trotskismo inconsciente”, el CICI escribió: “No es tarea de los trotskistas engrandecer el papel de tales líderes nacionalistas”.

No ha habido una restauración del capitalismo en Cuba, porque el capitalismo nunca fue abolido. Lo que ha ocurrido desde 1991 es la transformación del régimen en un intermediario de la fuerza de trabajo cubana para el capital extranjero. En la década de 1990, el canciller Roberto Robaina supervisó una “apertura económica con plenas garantías para los inversionistas extranjeros”. Los trabajadores eran contratados para estas empresas a través del Estado: una fuente de mano de obra libre de huelgas, garantizada por un Estado policial entrenado en métodos estalinistas. Hoy, el gobierno castrista ha respondido al bloqueo mediante la privatización masiva y la desregulación.

El movimiento trotskista no le brinda ningún apoyo político a este régimen. Este encarceló a los trotskistas cubanos y destruyó su prensa. Julio Antonio Mella, fundador del Partido Comunista cubano en 1925, rompió con el estalinismo en 1929 en solidaridad con la lucha de Trotsky contra la burocracia, y fue asesinado poco después. El documento del Departamento de Estado titulado “La capital del comunismo del siglo XXI” está escrito sobre un Estado que encarceló a los marxistas.

A nivel internacional, el llamado del “Che” Guevara a crear “dos, tres, muchos Vietnams”, y la declaración de Castro en la OLAS de que la guerra de guerrillas era la única solución para el continente, alejaron a toda una generación de jóvenes de vocación revolucionaria de la clase obrera industrial, llevándolos al aislamiento y a la aniquilación. En todo el continente, estas aventuras y métodos guerrilleros brindaron a los ejércitos locales y al imperialismo el pretexto para instaurar dictaduras.

En Nicaragua —que el informe tilda de “prueba de concepto”—, el Frente Sandinista tomó el poder en 1979 y evolucionó hacia un aparato nacionalista burgués al servicio de las corporaciones extranjeras.

La afirmación del informe de que “los cubanos siempre han visto la revolución en Estados Unidos como un fin en sí mismo” invierte la verdad. La perspectiva nacionalista del régimen cubano, y de toda tendencia que la promovió como socialismo, se sustentaba en el rechazo explícito de la clase obrera estadounidense como fuerza revolucionaria. Un auténtico movimiento revolucionario en Estados Unidos, además, habría amenazado a La Habana y a Moscú no menos que a Washington.

Al mismo tiempo, la clase obrera debe oponerse incondicionalmente a la guerra que se está preparando contra Cuba. El bloqueo de combustible y las sanciones económicas son actos criminales de violencia imperialista contra un país pequeño y oprimido, responsables de los apagones, la escasez de medicamentos y el marcado aumento de muertes evitables que hoy afligen a la población cubana. El objetivo no es la democracia, sino la instalación de un régimen clientelar y el saqueo de los recursos cubanos, siguiendo el patrón ya ejecutado en Venezuela.

La defensa de los derechos democráticos

El Comité Internacional de la Cuarta Internacional tiene diferencias políticas irreconciliables con las organizaciones mencionadas en este informe. No son organizaciones de la clase obrera. Su orientación es hacia el Partido Demócrata y hacia sectores del Estado, y su política de identidades y nacionalismo han servido para dividir a los trabajadores.

No obstante, los trabajadores en todas partes deben oponerse sin reservas a la cacería de brujas de Washington. Las designaciones, citaciones y procesamientos que hoy se preparan constituyen un ataque contra los derechos democráticos de la clase obrera en su conjunto, y cada precedente que se establezca se volverá contra las huelgas, los inmigrantes y los trabajadores y estudiantes de inclinación socialista.

El Departamento de Estado ha producido cien páginas sobre el peligro del socialismo no porque en verdad vea a La Habana como una amenaza, sino porque millones de trabajadores y jóvenes en Estados Unidos y a nivel internacional se están volcando hacia el socialismo, y la clase dominante no puede reconocer la causa sin autoincriminarse. El documento es una medida del miedo de la élite gobernante.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de julio de 2026).